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Cuando visite a Pasto, no olvide ir a EL PAYANES, ricuras para toda la familia. El Vergel

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Cultura, Memoria y Archivos
Sin archivos, en tiempos de paz o en medio
 de un conflicto, los derechos de los ciudadanos
 no estarán garantizados
Foto archivo

Intervención del Director del Archivo General de la Nación de Colombia, Carlos Alberto Zapata Cárdenas en el marco del Seminario Internacional “Archivos Para La Paz” del Centro de Memoria Histórica.
"Estamos frente a un momento de especial importancia para el futuro de nuestra sociedad, relacionado con un inminente fin del último conflicto interno armado que ha vivido nuestro país, que ya acumula casi 60 años; por este solo hecho, resultan injustas las aseveraciones hechas por algunas personas que han señalado, incluso en foros similares a este que hoy nos convoca, que la Ley General de Archivos fue una norma hecha para tiempos de paz y por eso, era necesaria una política de archivos de derechos humanos.

Nada más alejado de la realidad y la verdad. Sin contar con el proceso independendista de España, en nuestros casi 200 años de vida republicana, no hemos tenido un momento de paz cuya continuidad nos haga pensar en la ausencia del conflicto interno.

Las pugnas internas han estado presentes casi de manera permanente en estos dos siglos de historia. No puede entonces afimarse que fue recientemente cuando se dirigió la mirada hacia los archivos de las víctimas y la protección de los derechos humanos. Sin archivos, sea en tiempos de paz o en medio de un conflicto, los derechos de los ciudadanos no estarán nunca garantizados.

Desde 1868, Colombia se ha preocupado por la protección de sus archivos. Vale la pena recordar que los paises más desarrollados mantienen regulaciones permanentes sobre sus archivos y sobre el acceso a la información, cuyo propósito es garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos, independiente de que no estén afrontando un conflicto armando interno.

Las experiencias internacionales frente a esta materia, tienen como común denominador, la ausencia de una política de archivos anterior a la identificación, recolección, acopio y protección de archivos sobre violaciones a los derechos humanos por parte de regímenes totalitarios, muchos de los cuales ni siquiera fueron entregados de manera voluntaria por quienes cometieron tales violaciones, sino que al contrario en su mayoria se mantuvieron ocultos por años hasta que algún suceso afortunado permitió su recuperación y protección; éste tampoco es el caso colombiano.

Adicionalmente, tampoco se pueden asemejar las circunstancias que llevaron a conformar Archivos de DDHH en varios países de la región, pues precisamente la ausencia de una institucionalidad archivística ponía en riesgo la conservación de estos archivos, generalmente de organismos de inteligencia, militares o de policia, por lo que la sociedad civil y los gobiernos democráticos, legítimanente constituidos con posterioridad a las violaciones de los DDHH, abogaron por la protección de dichos acervos para garantizar los derechos de las víctimas.

En el caso colombiano, sin descartar la pérdida de documentos que registran violaciones a los DDHH, la existencia de la Ley General de Archivos y las normas posteriores establecidas por el AGN, han permitido la adecuada protección de muchos archivos públicos, que contienen documentos relativos al conflicto interno armado. Desde la expedición de la Ley 1448 de 2010, el AGN ha realizado un seguimiento detallado a las entidades que conservan documentos relacionados con el conflicto armado interno, en desarrollo de la función de inspección y vigilancia que le corresponde por Ley, y ha acordado con estas 52 entidades (que conforman el SNARIV), planes de mejoramiento archivístico para proteger estos documentos, los cuales hemos reiterado, deben mantenerse dentro de los archivos públicos de dichas entidades y por ningún motivo deben constituir un archivo separado, disgregando la memoria institucional de dichas entidades y de la sociedad, afectando el principio archivístico de integridad de los fondos.

Por lo anterior, resulta de especial importancia que tanto el Archivo General de la Nación, como el Archivo Nacional hasta 1989, representan la institucionalidad archivística de la nación; estas dos entidades, suman 146 años de vida jurídica protegiendo la memoria historica de los colombianos, no en un sentido restringido sino en su sentido más amplio.

Si bien está muy en boga el tema de los “Centros de Memoria Histórica”, a propósito básicamente de la expedición de la Ley de Víctimas, y se les relaciona directamente con los repositorios que han venido acumulando testimonios relacionados con el conflicto armado que aqueja hoy a la sociedad colombiana, no hay duda de que la memoria de los hechos de violencia en nuestro país se ha venido reflejando en los documentos acumulados en los archivos desde la conformación de éstos en nuestro territorio que, como sabemos, se inicia con la llegada de los europeos.

Desde el mismo siglo XVI aparecen registros en el AGN que nos ilustran sobre el individuo y su relación con el aparato administrativo del momento. Es así como los diferentes fondos documentales que dieron lugar a lo que se llamaría en la República el Archivo Nacional, dan cuenta de tales hechos y, por supuesto, no puede faltar en éstos, aquellos relacionados con la violencia. 

Para citar algunos de los fondos que concentran particularmente información relacionada con las acciones bélicas, el dolor, la injusticia, la imposición por la fuerza, nos referimos a los siguientes:

• Caciques e Indios (1543-1818). Este fondo testimonia el maltrato de indios, su espoliación, el robo de sus mujeres, su traslado a climas insanos.

• Criminales (Juicios) (1550-1824). Los delitos y su penalización en la Colonia.

• Encomiendas (1547-1818). La sujeción de los indios y pueblos enteros a una persona (el encomendero), que dispone sobre sus vidas, y a quien se debe tributar sin condiciones.

• Negros y Esclavos (1550-1818). El registro de la esclavitud en el Nuevo Reino de Granada, desde mediados del siglo XVI hasta el inicio periodo republicano, en 58 legajos.

• Tributos (1553-1818). Este fondo registra la tributación a la Corona de los pueblos indígenas, con las imposiciones de servidumbre que ello implicaba.

• Asuntos Criminales (1701-1886). Numerosos expedientes de orden criminal que evidencian hechos violentos sometidos a la justicia.

• Establecimientos de Castigo (1858-1905). Estos documentos hacen referencia a los asuntos administrativos relativos a los sitios de reclusión establecidos en la segunda mitad del siglo XIX.

• Hojas de Vida de los Veteranos de la Guerra de los Mil Días (1848-1985). Los numerosos expedientes que conforman este fondo corresponden a la Hoja de Vida los milicianos que participaron en este conflicto y que aspiraron a acceder a la recompensa ofrecida por el Estado. Son muy valiosos los relatos que ofrecen sobre las acciones militares.
• Colonia Penal de Araracuara (1936-1960) / Isla Prisión Gorgona (1947-1989). Expedientes relativos a los penados que fueron recluidos en estas colonias.

• Ministerio de Gobierno (1814-1948). En este importante fondo aparecen registros relativos a la explotación de las caucherías en la Amazonia colombiana, durante la primera mitad del siglo XX, que provocó la muerte de un ingente número de indígenas y sus familias.

• Ministerio de Relaciones Exteriores (1739-1972). Se encuentran en este fondo documentos relativos al conflicto colombo peruano, en lo que tuvo que ver justamente la explotación cauchera y la penetración de tropas peruanas al territorio colombiano.

• Archivo José Manuel Restrepo –en microfilm- (1741-1916)

• Secretaría de Guerra y Marina (1812-1936)

• Decreto marcial de Pablo Morillo (Junio 6 de 1816). Se encuentran en este fondo documentos relativos al proceso de Independencia de Colombia y naciones vecinas.

• Ministerio de Fomento – Baldíos- (1856-1933). En este fondo aparecen testimonios relativos a la Compañía United Fruit Company, que tuviera que ver con la masacre de las bananeras, en el año 1928.

Seguramente, también en los archivos americanos que fueron trasladados a España antes de la Independencia, se encuentran documentos que registran violaciones a los DDHH de los ciudadanos americanos a manos de las las tropas realistas, durante el proceso de independencia, con lo cual no podemos pensar, que estamos frente a un acotecimiento del todo novedoso en cuanto al papel de los archivos en el deber de memoria histórica.

Para concluir, el Archivo General de la Nación ha trabajado de manera articulada con el Centro Nacional de Memoria Histórica en la elaboración de la política de archivos de DDHH que hoy se presenta, pero mantiene una visión integral e integradora de los archivos públicos y demás archivos del Estado, como producto de la cual, se reitera en la necesidad de identificar los documentos relacionados con las violaciones a los DDHH, durante el último conflicto armado interno del continente, apoya todas las inicitivas para proteger estos documentos contra cualquier posible riesgo que amenace su desaparición, promueve y apoya las iniciativas para que se permita el acceso a los documentos que no tienen reserva legal o constitucional, comparte la tesis de contar con un inventario de los archivos que tienen documentos relativos al conflicto armado interno, respetando siempre el principio de procedencia, orden original e integridad de los fondos, según el cual los documentos se deben conservar en las instituciones productoras, sin ser desmembrados o separados del fondo de archivo al cual pertenecen, rompiendo gravemente el vínculo archivístico que existe entre cada documento de una serie documental o de un expediente de archivo.

Igualmente, como ha ocurrido en estos 146 años, al Archivo General de la Nación, en concordancia con lo establecido en la Ley General de Archivos, deberán llegar por transferencia todos los documentos que den cuenta del último conflicto armado interno que vivió nuestro país, con el fin de que las próximas generaciones de colombianos puedan consultarlos libremente, tal como ocurre con los más de 60 millones de documentos que desde 1541 hasta nuestros días, hemos custodiado celosamente y dispuesto para consulta de todos los colombianos, sin restricción de ninguna clase.

Estamos seguros que el ejemplo que Colombia le da al mundo con esta política que viene a complementar la política archivística formulada por el Archivo General de la Nación, función asignada con exclusividad en virtud de la Ley 594 del 2000 al AGN, podremos garantizar los derechos de las víctimas, así como los derechos de todos los colombianos a conocer la verdad para no repetir las causas que originaron el conflicto y con éste las graves violaciones a los Derechos Humanos."